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Sentencia Cueva de Chaves

El empresario Victorino Alonso, ha sido condenado como pedian las acusaciones en nombre de Ecologistas en Acción y de la Asociación Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) a dos años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 25,5 millones de euros por la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves. Así mismo, el Juzgado de lo Penal de Huesca hace responsable subsidiario a la empresa Fimbas, propietaria del coto de Bastarás.

En la sentencia queda acreditado que, sin previa comunicación ni autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Victorino Alonso ordenó vaciar la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. El material se utilizó, además, para la construcción de un dique de contención de aguas cercano a la cueva.

Dichos trabajos ocasionaron el arrasamiento y destrucción de la práctica totalidad de los niveles arqueológicos de cronología neolítica que se encontraban en la Cueva de Chaves.

La sentencia dice “que teniendo en cuenta que la Cueva de Chaves era posiblemente uno de los dos yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica, resulta censurable e inexplicable que la cueva no contara con una protección específica, es decir, que no existiera una resolución que la declarara expresamente como Bien de Interés Cultural”.