Los incendios forestales, un riesgo que podría prevenirse
Este año hemos vivido en Aragón uno de los peores veranos de las últimas décadas por las altas temperaturas y los incendios que se han producido desde julio a mediados de septiembre.
En todo el territorio español han sido unas 85.000 hectáreas, el 50 % más que en el año 2008, de las que una cuarta parte han sido en Aragón, 22.550 has. Según datos oficiales, 11.702 has en Teruel, 10.785 has en Zagaza y 63 has en Huesca. Alloza, Aliaga, Cedrillas, Corbalán, Valdetormos, Los Olmos y Mazaleón han sido las localidades más afectadas en la provincia de Teruel por grandes incendios, y el iniciado en el campo de maniobras de San Gregorio, que afectó a los pueblos próximos, el más grave en la provincia de Zaragoza.
Además, tenemos que lamentar que en Teruel, han sido 3.000 hectáreas las que han ardido, de las 4.000 has en todo Aragón, dentro de espacios protegidos de la red Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA), en un bosque mediterráneo con gran representación de especies forestales autóctonas de pinos Quercus y diversas frondosas nobles, así como hábitats de especies de fauna catalogada, es el caso del águila azor perdicera y otras muchas rapaces forestales.
Existe pues, la gran urgencia de proteger la gran biodiversidad que existe en nuestros montes y que a través de una gestión forestal bien planificada, se cuente con los medios necesarios para que en el futuro no tengamos que lamentar la pérdida de nuestra riqueza forestal, puesto que los incendios forestales producen enormes daños, el más apreciable es la pérdida de calidad paisajística debido a la disminución de la cubierta vegetal y a una evolución de esta hacia series regresivas. El efecto de los incendios sobre la fauna es la muerte de aquellos animales que no pueden escapar del fuego o la migración de otros por la pérdida de pastos y hábitats. El suelo se ve afectado por el aumento de degradación provocando la pérdida de suelo fértil y el avance de la erosión.
Como consecuencia de la pérdida del suelo, se altera drásticamente el ciclo hídrico al disminuir la infiltración y, con ello, las reservas hídricas subterráneas, aumenta la escorrentía y el riesgo de crecidas en arroyos y vaguadas con la llegada de las lluvias torrenciales. Además, los incendios forestales son una importante fuente de emisión de gases de efecto invernadero (hasta un 1% del total de emisiones en el Estado español) y, por tanto, uno de los factores que contribuyen al cambio climático. Además, estos incendios suponen también todos los años la pérdida de vidas humanas y grandes daños en explotaciones, cultivos y viviendas. Las pérdidas económicas y las fuertes inversiones para paliar los efectos de los incendios son otras de las consecuencias con las que nos encontramos.
Todos los incendios, tanto si se han producido por causas naturales, rayos de tormenta seca, en el caso de Teruel, como si han sido consecuencia de la negligencia e imprudencia, lo ocurrido en San Gregorio y otros, hace preguntarnos qué está pasando, qué medidas preventivas estamos utilizando y qué podemos cambiar para que no volvamos a pasar un verano como este año.
Habrá que empezar a valorar las consecuencias de los efectos que ya estamos sufriendo en la meteorología con el cambio climático, puesto que las investigaciones nos dicen que las altas temperaturas y el alto número de días sin lluvia serán cada día más frecuentes, particularmente en los ecosistemas de tipo mediterráneo al sur de Europa. Asimismo, las situaciones de sequía se prevé que aumenten en frecuencia, por lo que el impacto sobre el peligro y régimen de incendios es inminente. Ante estas previsiones, se hace necesario estudiar cómo variará en el futuro el peligro de incendios bajo diferentes escenarios de cambio climático, caracterizado por un incremento de los índices de peligro, una mayor duración de la temporada de incendios y una mayor frecuencia de las situaciones extremas.
En España, más de dos terceras partes del territorio se encuentran afectadas por un proceso de desertización, por ello el Gobierno Español ratificó en 1997 su adhesión al Tratado Internacional de Naciones Unidas de lucha contra la Desertización, lo que implica verse obligado a desarrollar y aplicar un Programa de Acción Nacional contra la desertización, enfocado a la prevención a través de diversas medidas en el sector agrario y de desarrollo rural, del sector forestal y del sector de la gestión de los recursos hídricos. Entre estas medidas se encuentran:
- La forestación de tierras agrarias
- La restauración de la cubierta vegetal y la ampliación de la superficie arbolada.
- La gestión forestal sostenible, a través de la ordenación de montes y de la selvicultura de mejora de las masas forestales.
- La lucha contra los incendios forestales y las actuaciones de defensa y daños originados por fenómenos climáticos adversos como la sequía.
Actualmente las competencias de gestión están transferidas desde el Gobierno Central a las Comunidades Autónomas y en Aragón la gestión forestal se realiza a través de la Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de Gestión Forestal. Los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios se realizan principalmente por la empresa de gestión privada con fondos públicos SODEMASA
La estrategia de lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma sigue fallando. Las medidas son insuficientes y la tendencia con la que ocurren estos siniestros no decrece.
La prevención debería ser un eje fundamental en la política de la administración pública, quienes por el contrario, no dudan en incrementar las inversiones en costosos operativos de extinción. Este año 2009 el presupuesto para todo Aragón es de 30.000.000 €, de los que 17.000.000 € son para prevención, 1.900.000€ para detección y 11.100.000€ para extinción. Se utilizan Planes generales que en muchas ocasiones no llegan a todas las zonas que se encuentran en situación de riesgo o las medidas que se toman son insuficientes.
De ahí, que son varias las principales causas que agravan la prevención, el despoblamiento rural, el decrecimiento continuado del sector agrario y el lento desarrollo del sector forestal que unidos al modelo de propiedad forestal favorecen el incremento de la biomasa en nuestros montes, ya que conforman una masa continua de combustible para el fuego y por lo tanto un gran factor de riesgo. En estos momentos nos encontramos con que tan solo un 14 % de la superficie forestal del país está ordenada, lo que implica la intervención de prevención básicamente en montes de utilidad pública, quedando una gran laguna legislativa y operativa en aquellos que son de propiedad privada al carecer de datos registrados y actualizados, dificultando la elaboración de Planes de intervención conjunta, pública y privada.
A lo anterior habría que sumar la falta de personal en las empresas públicas. Desde el medio rural se demanda la necesidad de realizar Proyectos de Autoprotección de incendios, que podrían generar actividad durante los doce meses del año y crearía una fuente continúa de empleo, haciendo posible un crecimiento y desarrollo económico en áreas actualmente despobladas, contribuyendo de esta forma a fijar población estable con una buena calidad de vida y afianzaría un número considerable de generaciones futuras.
Con voluntad de las administraciones públicas podrían ponerse en marcha estos Planes que contemplarían labores de clareo y reducción de la biomasa, tanto en el monte como en los sotos de ribera, verdaderos cortafuegos naturales, utilizando mecanismos no agresivos con el medio, como es la ganadería controlada mediante, caballos, asnos, ovinos etc. En las masas monoespecíficas de repoblación realizar la sustitución progresiva de estas por frondosas autóctonas. Subvencionar la extracción de la biomasa del monte y fomentar su reutilización en sustitución de fuentes de energía de origen fósil, como está siendo el caso de los “pellet”, creando a su vez nuevas fuentes de empleo infrautilizado. Fomentar y apoyar el cultivo de bancales próximos a poblaciones como medida cortafuegos y generador de economía familiar, cambiando la tendencia actual de la agricultura extensiva y agresiva por su utilización de sustancias nocivas para la salud.
Realización y mantenimiento de fajas auxiliares en los márgenes de carreteras, pistas, líneas férreas, etc., que facilitan el trabajo a los medios de extinción en caso de incendios en sustitución de las actuales fajas cortafuegos que ocasionan un gran impacto paisajístico y erosión del suelo en caso de lluvias torrenciales. Dotar a los núcleos de población de información, preparación, equipos de protección y material necesario para sofocar incendios en su fase inicial y ayudar al personal técnico en aquellos casos que sea necesario.
Por lo tanto, es necesario hacer políticas preventivas que pasen por el reconocimiento social de los sectores agrícola, ganadero y forestal, la ordenación de los montes y su explotación sostenible. Sería de obligado cumplimiento que las Comunidades Autónomas aprueben, doten y ejecuten vía presupuestos, planes de gestión forestal.
De esta forma estaremos trabajando en la prevención de incendios y fomentando el desarrollo de las zonas rurales.
