Somos el país de Europa occidental con más proporción de personas presas.

Alicia y Emiliano, de las gentes de Baladre. Revista El Ecologista nº 73.

El Estado español tiene una de las tasas de personas presas más altas de Europa y, paradójicamente, una de las menores tasas de criminalidad. Si analizamos el perfil socioeconómico de quienes están en prisión también vemos que en una proporción muy alta pertenecen a los colectivos más desfavorecidos, en una clara criminalización de la pobreza. Ante este panorama, urge un modelo diferente, que se centre en la restauración de los daños y en un mejor reparto previo de la riqueza, y no en la represión de los sectores sociales más precarios.

Si mirásemos como en una radiografía la situación de las cárceles en nuestro país, el panorama no puede ser más desalentador y son muchos interrogantes los que nos suscita. El primer dato que salta a la vista es que el Estado español tiene uno de los porcentajes de personas presas más altos de toda Europa, habiéndose duplicado la población penitenciaria en menos de 20 años. En febrero de 2011, según datos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, había 73.766 personas presas. Somos el país de la vieja Europa que presenta una mayor tasa de personas encarceladas por cien mil habitantes (164), lejos de países como Noruega (con 63), Dinamarca (65), Suecia (70) e incluso de nuestra vecina Portugal (100) que ha rebajado esta tasa volviendo a los mismos niveles que tenía en el año 1992 [1].

Pero lo que más llama la atención no es que seamos el país con la mayor tasa de personas presas, sino que lo somos teniendo una de las menores tasas de criminalidad respecto de la media de los países europeos. Entonces, si se delinque menos que en otros países ¿por qué se encarcela más?, ¿a quienes benefician recurrir a la cárcel como respuesta a la criminalidad?, ¿por qué se endurecen las penas?, ¿por qué se legisla a golpe de efecto mediático de telediario?, ¿por qué nos quieren hacer creer que vivimos en un país inseguro y que la cárcel es la única solución a nuestros problemas sociales?

Criminalización de la pobreza

Si fijamos nuestra mirada en quienes son las personas presas, lo que nos muestra esta radiografía es que la población reclusa está formada mayoritariamente por varones
(en más de un 90%) con estudios primarios en su inmensa mayoría (45%), sin estudios (7%) y con muy baja cualificación profesional. Un 31% de las personas presas se reconoce drogodependiente, de los cuales 7.500 no reciben ningún tipo de tratamiento. Casi 10.000 personas tienen antecedentes por trastornos psíquicos y cerca de 1.000 son discapacitadas físicas y psíquicas. Las minorías étnicas (gitanos) y la población inmigrante están sobrerepresentadas, 27.274 personas presas son extranjeras, ¡casi un 38% del total! Y hay un número cada vez más creciente de ancianos (más de 1.400 personas tienen más de 60 años de edad). Estos datos nos llevan a interrogarnos sobre por qué son las personas excluidas y con problemas sociales las que habitan nuestras cárceles. Sobre el papel de nuestros servicios públicos que no son eficaces y sobre qué va a pasar en un futuro con los efectos de la actual crisis económica. En definitiva, sobre el porqué de la criminalización de las pobrezas.

Hoy pocas personas creen ya que las cárceles cumplen con el tan manido art. 25 de la Constitución [2] y la reinserción ha pasado a quedar solamente en letras doradas y estáticas a la entrada de las mismas. Las cárceles son el basurero invisible donde la sociedad oculta sus problemas no resueltos, con un matiz muy importante: quienes habitan las cárceles son personas (privada de derechos) y no basura, por mucho que nos hagan creer que así es.

En vez de enfrentar los problemas sociales desde una justicia restaurativa, se acude a la justicia vindicativa que agrava dichos problemas sin resolverlos. Se juzgan hechos pero se condena a personas –y a familias enteras–. El lastre económico que supone para una familia al tener una persona presa es difícil de cuantificar, sin entrar en los efectos de desajuste emocional, generando muchos más problemas sociales que los que se intenta resolver. Cuando la persona encarcelada es una mujer todos estos problemas se agravan y las desestructuración familiar se incrementa.

La cárcel agrava los problemas

Nos sorprende la visión de algunos grupos, partidos y movimientos de izquierdas que no exentos de cierta miopía plantean las mismas soluciones que la derecha a problemas sociales: penalización y cárcel. El viejo dicho de “lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas” podría adaptarse perfectamente a esta nueva situación y podríamos igualmente decir: “lo más parecido a un punitivista de derechas es un punitivista de izquierdas”. Lo cierto es que se ha demostrado que apuntarse al carro de “todo al Código Penal” da bastantes votos. Olvidando el principio fundamental que el derecho penal debería ser la ultima ratio a aplicar. La práctica nos enseña que la cárcel no resuelve los problemas sino que los agrava, pero faltan voces públicas valientes y a contracorriente que se atrevan a plantear la despenalización de ciertas conductas y que se utilice la mediación como práctica preferente a la resolución de los conflictos sociales donde tenga cabida.

La solución no está en crear más cárceles para dar cabida a la criminalización de nuevas conductas junto con el endurecimiento de las penas o para seguir dando de comer a todo el cuerpo jurídico y no jurídico que vive de ello (funcionarios, jueces, fiscales, abogados, constructores, policía, guardia civil, etc.). La solución tiene que pasar por una reflexión profunda de lo que el sistema capitalista genera: acumulación de bienes en manos de unos pocos, desigualdades sociales, depredación de los recursos naturales, individualismo, insolidaridad, insatisfacción personal, egoísmo, etc.

Y por tanto, una parte de la solución a todos estos problemas-consecuencias pasaría por cambiar radicalmente el modelo que los genera. En el mientras tanto necesitamos políticas criminales serias y estables, incrementar la inversión social, implementar propuestas como la Renta Básica de las Iguales, desarrollar modelos restaurativos de los daños, incrementar la solidaridad, la empatía y la generosidad… justo lo contrario de lo que, al menos desde ámbitos institucionales, está ocurriendo en este contexto de crisis.

Necesitamos apostar por modelos de autogestión de las necesidades, liberarnos de modelos consumistas que nos impiden ser más humanas. Y mientras tanto, en el mientras tanto estamos.

Notas

[1] Los datos de este artículo están tomados de la encuesta recogida en el libro Andar 1 km en línea recta, La cárcel del siglo XXI que vive el preso, de Manuel Gallego, Pedro J. Cabrera, Julián C. Ríos y José Luis Segovia Bernabé.

[2] Artículo 25.2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social […]. El condenado a pena de prisión […] tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.