La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado
denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico por
nuevos vertidos industriales procedentes de la fábrica de deshechos animales
que la empresa DASY Organización S.L. pretende ampliar gracias al visto
bueno de la Junta de Andalucía.

El hecho se ha vuelto a producir en uno de los espacios naturales más
importantes de la provincia, la Zona de Especial Protección para la Aves
“Campiñas de Osuna”, perteneciente a la Red Natura 2000 europea que
presenta, además de otras especies amenazadas, la población andaluza más
importante de avutardas (Otis tarda) en Peligro Crítico de Extinción en la
región.

El pasado 17 de agosto la Consejería competente en Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía aprobaba incomprensiblemente la ampliación de las
instalaciones de DASY Organización S.L. en este lugar mediante una
Autorización Ambiental Integrada (AAI) carente de rigor y con una lamentable
serie de defectos legales, recurridos ante el consejero Luís Planas por la
Federación ecologista.

Entre los más de 40 folios de alegaciones presentadas al proyecto se
alertaba de los numerosos antecedentes por contaminación en Osuna y otras
localidades españolas provocados por este tipo de instalaciones. De hecho,
el presidente del Grupo empresarial PGG al cual pertenece DASY Org., José
María Gimeno, fue condenado en 2003 a cuatro años de prisión y tres de inhabilitación especial por un delito medioambiental en Cataluña muy similar al que ahora recibe la fiscalía en forma de denuncia.

Ni Ecologistas en Acción ni las leyes ambientales contemplan que este tipo
de industrias se ubiquen en Zonas de alto valor ecológico que, a priori,
deberían estar blindadas ante una larga serie de impactos ecológicos
asociados e imposibles de eliminar, sobre todo por emisiones atmosféricas,
muchas veces pestilentes y vertidos de aguas residuales. También por los
efectos del tráfico pesado con atropellos y descargas accidentales, ruídos,
degeneración paisajística, fragmentación y eliminación de hábitat, afección
a vías pecuarias, afección a especies amenazadas, despoblación rural,
consumo de agua y energía fósil, etc…

En 2008 DASY Og. vertió cientos de toneladas de lodos tóxicos que acabaron
en el Arroyo Salado tras recorrer miles de metros a través del terreno, sin
embargo el delito ecológico en Sevilla no parece asumirse como un problema
de primera magnitud y ninguna autoridad llevó entonces ante los tribunales a
los responsables del mismo. Ecologistas en Acción espera que en éste caso sea distinto.

Ese mismo año comenzaron las promesas de responsabilidad ambiental por parte de sus directivos en Osuna, incluso mediante comunicados públicos que
cuestionaban las alertas ecologistas. Sin embargo, la realidad se da de
bruces con la objetividad de las fotografías tomadas a pié de campo por los
voluntarios que acudieron al lugar hace tan solo tres semanas. Los vertidos,
según atestiguan lugareños entrevistados para este nuevo episodio, se han
venido realizando durante gran parte del pasado verano sin control alguno
mientras la autorización en vigor de la actividad empresarial los prohíbe
taxativamente.

Tras el empeño de la Junta de Andalucía en apoyar el futuro proyecto de
ampliación de DASY Org. con sus antecedentes y delicada ubicación en zona
ZEPA, se esconde, a juicio de los ecologistas, una política de eliminación
de parte de estos residuos a través de su incineración en cementeras a las
que DASY Org. abastece.

En vez de apostar por el compostaje y la recuperación prioritaria, como
marcan las Directivas europeas sobre residuos, se impone a la población y a
los ecosistemas una política fácil y barata pero enormemente peligrosa para
la salud a causa de distintos compuestos orgánico volátiles presentes en las
emisiones atmosféricas, técnicamente imposibles de “capturar” por ningún
sistema de retención. A su vez, ponen de manifiesto la mediocridad de la
solvencia técnica y política en los responsables andaluces para esta
materia.