Hace unos días concluyó la exposición al público del documento de Avance de Asentamientos de Osuna, al que la federación de Ecologistas en Acción de Sevilla ha presentado alegaciones.

El documento prevé en la zona de Las Viñas, en las estribaciones serranas del sur del término un Hábitat Rural Diseminado una figura de planeamiento que no cumple con los requisitos legales, de carácter fundamentalmente histórico, ya que se trata de viviendas irregulares que se han construido principalmente en los últimos cuarenta años y no han constituido nunca un diseminado rural tradicional.

Con esa medida el Ayuntamiento trata de flexibilizar aún más, de forma forzada y clientelar, las facilidades para legalizar viviendas y lo que es peor, prever la posibilidad de ampliación y dotarles de algunos servicios, cuyo coste ineludiblemente recaerá en las arcas públicas, dado la inviabilidad económica de dichos servicios por las características de la urbanización y la falta de compromisos de los propietarios de viviendas.

La proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un cáncer que devora territorio y paisaje en toda Andalucía, crea situaciones de absoluta impunidad, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico y de impactos ambientales: genera un modelo de ciudad extensiva e insostenible; agudiza los problemas de movilidad urbana; encarece los servicios públicos, incrementa los consumos de agua, el agotamiento y contaminación de los acuíferos, aumenta el riesgo ante los incendios, elimina vegetación natural, fragmenta el paisaje, se pierde biodiversidad, aparecen vertederos improvisados, etc.

Ecologistas en Acción, como organización preocupada por el medio ambiente y por una mayor justicia social, considera que el Decreto de legalización de viviendas de la Junta, es un fiasco que está provocando un efecto llamada, ya que ha significado una “amnistía con premio para el infractor”, un incremento del coste ambiental, ya que además de la mayor demanda se están paralizando expedientes que terminarían en demoliciones (denunciado ya por la fiscalía de Cádiz) y un mayor coste económico para el erario público, que deberá prestar unos servicios de alto coste.

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