La imposibilidad de privatizar el Canal de Isabel II mediante su venta directa a capitales privados por incomparecencia de compradores dispuestos a pagar el precio estimado por la tasación realizada por BBVA, Rothschild, KPMG, Tinsa, American Appraisal y el despacho de abogados Cuatrecases, fue el primer contratiempo importante del tándem Aguirre-González.

Hasta ese momento, estos defensores del liberalismo económico que realmente han vinculado totalmente sus intereses y negocios a la piñata de bienes y servicios públicos habían logrado, aprovechándose de sus cargos políticos, un record de colocaciones a dedo en el área pública de amigos y familiares sin mayor experiencia ni competencia en las tareas encomendadas y de afloramiento como setas de supuestos emprendedores –también amigos y familiares- que simplemente y jugando a lo seguro eran meros «concesionistas» de lo público.

González no consiguió la presidencia de Bankia, pero tenía y tiene dos importantes activos: la CEIM y Esperanza Aguirre. Con la patronal madrileña mantiene muy buenos vínculos ya que su mujer, Lourdes Cavero es adjunta a la presidencia de la misma, tras pasar por la CEOE y UNESA (siempre por méritos del dedo de alguien). González fue buen discípulo de Aguirre y ha sabido surfear en los dineros del agua.

En 2008, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que abría la posibilidad de la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II Gestión, S.A. Empresa que empezó a operar el 1 de julio de 2012, tras ser aprobada su constitución por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Canal Gestión tiene como cometido la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización, incluyendo la atención a los usuarios y la actividad comercial. Fracasada la operación presidencia Bankia, el Canal se mostraba como la bussines-plataforma más rentable.

El estilo González de trabajo en red

El presidente de la Comunidad lleva años urdiendo tupidas pero desconocidas redes de influencia, lealtades e intereses tal como arriba se señaló procurando trabajos y oportunidades de negocio.

Sirva como ejemplo del pluriempleo digital, el nombramiento como directivo de Bankia de Pablo González –hermano del presidente- (no imputado) y actualmente reubicado en la empresa pública Mercasa. O de su cuñada Carmen Cavero ex consejera de Bankia (en situación actual de imputada) y de su filial para participaciones industriales Caja Madrid Cibeles y socia de Subastas Segre (nombre a retener). Mayte Jiménez, esposa de Salvador Victoria, fue nombrada consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia, el 9 de junio de 2009; anteriormente había estudiado el bachiller, había sido «adjunta a la dirección» de una escuela infantil de Las Rozas y manifiesta tener un nivel medio de inglés. También promocionó políticamente a su hermana Isabel Gema González, diputada autonómica y esposa de José Juan Caballero, socio del hermanísimo Pablo en Tecnoconcret adjudicataria de la construcción del campo de golf de Chamberí. Y con ellos aparecen en escena todo tipo de maniobras sobre bienes del Canal.

Sirva como ejemplo de la nueva casta de empresarios y negociantes, operaciones como la del campo de golf en las instalaciones del Canal en Chamberí en manos de un hermano y un cuñado del actual presidente de la Comunidad, los millonarios contratos de publicidad con Carat –vinculada a Miguel Ángel Rodríguez- o que la selección de personal se encomiende a una socia de la esposa de González en Subastas Segre, Cecilia Domeq, a través de Magallanes Consultores de Dirección.

Más grave. Álvaro de Ulloa y Suelves –marqués de Castro Serna y uno de los pocos ex consejeros de Bankia que no ha sido, hasta ahora, imputado- fue repescado tras dejar la entidad financiera como director gerente del ente público Canal de Isabel II por Ignacio González. Anteriormente ocupó distintos cargos en Banco de Extremadura, Banca Garriga Nogués y en Banco de Madrid. Fue consejero y director general de la Sociedad de Crédito Hipotecario Mutual. Álvaro Ulloa es amigo de otro noble, el conde de Murillo, o sea Fernando Ramírez de Haro, marido de Aguirre, quien actúo como testigo de la boda de Ulloa con su primera mujer, Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Arcos. Entre gentes de sangre azul anida la paloma del PP madrileño y también el negocio de los solares, la banca, los casinos y el agua.

Además para encargar informes ¿en quién confiar?: en empresas dónde haya alguien de la familia. El estudio de la viabilidad jurídica del Plan B privatizador –una vez el mercado quedó seco sin compradores de agua-, el actual despiece del Canal en una microempresa pública y una sociedad anónima con participación pública, Canal Isabel II Gestión, se ha hecho con dinero público (más de 1 millón de euros) que fue hacia despachos como el de Cuatrecases donde trabaja Pilar Cavero, cuñada.

Y mientras, ausencia de transparencia: no conocemos ni los criterios de valoración de los activos del Canal ni tampoco los entresijos jurídicos del Plan B. Quizás no hubo inicialmente compra-venta porque las cuentas no cuadraban pues en las empresas gestoras del agua el factor multiplicador que se paga en el mercado se sitúa entre 7 y 9 veces su ebdita. En 2011 el Canal tuvo un ebdita de 260 millones de €, lo que supondría un valor de mercado de entre 1.820 y 2.340 millones de euros; o sea en el mejor de los casos un 22% por debajo de los 3.000 millones de € que se «filtró» de la muy secreta tasación. Pero también es posible que el capital haya temido a la inseguridad jurídica que provoca las dudas sobre la legalidad de la operación puesta en cuestión por un dictamen de la Junta Consultiva de Madrid en 2009 que ha creado divisiones al respecto en el seno del propio PP. Tampoco la nueva fórmula de sociedad anónima que podría colocar un 49% en el mercado a operadores o inversores privados tiene respaldo jurídico suficiente.

González y el Canal

Todas las operaciones se hicieron desde la presidencia del Consejo de Administración ostentada por Ignacio González en dos fases distintas. Una primera en la que el Canal –todavía totalmente público- funcionaba con las normas y composición del consejo de administración del Decreto 51/2002 de 4 de abril que ofrecía un inconveniente para los planes privatizadores: demasiada gente implicada, 20 miembros, entre los cuales además había dos miembros nombrados por el Comité de Empresa. El Decreto 68/2012 e3 12 de julio, inaugura la segunda etapa; González preside un Consejo de Administración con 9 miembros –solo 7 con voto- y sin sindicalistas. Pero la dimisión de Aguirre como Presidenta de la Comunidad y el nombramiento de González en su lugar, obligó al nuevo presidente regional a remodelar el recién nombrado consejo, en primer lugar con su cese como presidente del Consejo de Administración del Canal.

En primer lugar pone a uno de sus hombres de confianza en la presidencia del Consejo de Administración, reclama para su nuevo gobierno regional a Borja Sarasola Jaúdenes y se quita de encima un peso muerto en el Consejo para sus nuevos planes, el de María Fernanda Richmond, segunda esposa de Javier de Andrés íntimo amigo de Ignacio González y director financiero de Indra, que de forma inexplicable por su total inexperiencia en el sector de las utilities y falta de capacitación profesional y competencia, había sido nombrada directora económica financiera del Canal Gestión.

El Consejo de Administración del 10 de diciembre de 2012

El Acuerdo del 15 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno por el que se pone al frente del Canal a Salvador Victoria Bolívar como presidente del Consejo de Administración del Ente Público Canal de Isabel II a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno (o sea del mismo Sr. Victoria), es la pieza clave para el futuro control de Ignacio González de lo que ocurra en el Canal en las procelosas aguas de la andadura de la sociedad anónima Canal Gestión en ausencia de ventas ni salidas a bolsa cercanas.

El abogado Victoria es un hombre de González al que ha mostrado, hasta el momento, una inquebrantable lealtad. Su perfil es el del joven licenciado que se ha criado en la administración y que desde temprana edad hizo de la política una profesión, que a buen seguro ofrece mejores perspectivas que la de mero Letrado de la Comunidad. Como consejero de Presidencia y portavoz del gobierno regional y como presidente del Comité Electoral del PP madrileño tiene solo menos poder que Aguirre y González en la Comunidad de Madrid. Desde su puesto en el gobierno regional puede controlar los asuntos que vayan al Consejo de Gobierno como grandes contrataciones, recalificaciones, etc.

El Consejo de Administración, según los datos registrales T 30120, F 61, S 8, H M 534929, I/A 3 (29.11.12) está compuesto, de momento, por 8 personas. Podemos inferir que es monocolor, todos son del PP, salvo un elemento decorativo:

  • Presidente, consejero y apoderado: Salvador Victoria Bolívar (PP)
  • Vicepresidente y consejero: José Manuel Serra Peris (PP)
  • Secretario del Consejo: Fernando José de Cevallos Aguarón (PP, con voz sin voto).
  • Consejero: Antonio de Guindos Jurado (PP)
  • Consejero: Enrique Ossorio Crespo (PP)
  • Consejero: David Pérez García (PP)
  • Consejero: Agapito Ramos Cuenca. Antiguo directivo del Canal, fue activo miembro del PSOE del que fue diputado regional, colaboró con el gobierno Leguina; perteneció a Consejos anteriores, pero actualmente no representa a su partido en el órgano del Canal. Su presencia en el actual Consejo es injustificable desde un punto de vista democrático y progresista.

Who’s who entre los que deciden junto al presidente Victoria

Enrique Ossorio Crespo, licenciado en Derecho, de larga trayectoria en las administraciones gobernadas por el PP, actualmente es responsable de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, ya perteneció al anterior Consejo de Administración. Hasta el momento fiel seguidor de Aguirre y González.

David Pérez García, comprometido con el aberrante proyecto de Euro Vegas, es uno de los exponentes de lo que Ana Botella ha denominado, sin dar nombres, las nuevas generaciones de los partidos. De profesión, sus cargos en el PP y los institucionales aparejados. Actualmente es miembro de la dirección del PP, Presidente de la Federación de Municipios de Madrid y Alcalde de Alcorcón, en cuya candidatura aterrizó desde Madrid. Cursó según su CV Ciencias de la Información y tras un fugaz paso por la universidad, no se le conocen actividades profesionales «civiles» anteriores a su dedicación a la política. Ha ligado su futuro al del PP de Madrid.

Fernando José de Cevallos Aguaron, secretario del Consejo. Es marido de Regina Plañiol de la Calle, viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales en uno de los gobiernos de Aguirre, ha sido director de Recursos Humanos del Canal de Isabel II y Director Secretaría General Técnica en Canal de Isabel II. Ha estado vinculado a Hidroser Servicios Integrales del Agua SA, que en el CNAE se inscribe en el epígrafe 3600 «Captación, depuración y distribución de agua». Esta sociedad define su campo en la gestión del ciclo integral del agua en toda la región de Madrid.

Antonio de Guindos Jurado representa al Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, es un puente en los necesarios pactos entre ambas instituciones encabezadas por sectores del PP en abierta diferenciación. Economista y funcionario, tiene buenos lazos familiares con el actual gobierno de España. Debido a su imputación en el caso Arena ha dimitido de sus cargos en el Ayuntamiento de Madrid. Con ello se abren varios interrogantes: ¿sigue representando a una corporación a la que ya no pertenece?, si continúa, y más allá de consideraciones formales sobre la legalidad de su pertenencia al organismo y atendiendo solo al punto de vista político, cabe preguntarse ¿su permanencia en el Consejo supone una salida económica para el individuo y mantener un hilo de relación entre Ayuntamiento y Comunidad? En los próximos días conoceremos la respuesta a estas y otras preguntas sobre el futuro de Antonio de Guindos.

El Vicepresidente, José Manuel Serra Peris. Abogado del Estado y consejero de Auna Telecomunicaciones. Con los gobiernos de Aznar ocupó diversos cargos Secretario General Técnico del Ministerio de Industria y Energía, Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y Secretario de Estado de Industria y Energía, Presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Ha sido miembro de los Consejos de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), entidades que han ejecutado el proceso de privatización de las sociedades públicas. Igualmente ha sido miembro del Consejo de Administración de IBERIA, Líneas Aéreas de España, S.A. y miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de ENDESA, Red Eléctrica Española. Consejero independiente del Grupo Empresarial ENCE, Grupo en el que asumió la Presidencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Además a temporadas simultaneaba el ejercicio libre de la abogacía. Agotador o su día tiene más de 24 horas.

Y, lo más importante, ha sido Consejero de Bankia de la que percibía 200.000 euros anuales. Está imputado. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Martinsa informó de que Serra Peris presentó por carta su dimisión y que ésta fue aceptada por el consejo celebrado el pasado 29 de octubre. Lo que causó la desvinculación de Martinsa no fue óbice para un cargo digital en el Canal. La renovación de su nombramiento para el Canal de Isabel II es posterior a su imputación. La inmunidad y la impunidad a la hora de buscar cobijos a los amigos y conmilitones es la ley.

Algunas conclusiones

El entorno del Canal de Isabel II es una de las fuentes de poder, negocio, proyección económica y correlación de fuerzas en el seno del PP español entre las controladas desde la Puerta del Sol. Posición que el PP madrileño no quiere compartir con nadie. Eliminada la supervisión sindical, había que monopolizar la palabra para poder guardar bien los secretos. Para ello ha sido necesario contar con aquellas personas que por uno u otro motivo tienen lazos personales, políticos y económicos con el núcleo biatómico de las decisiones Aguirre-González (hasta ahora).

El esquema de las redes es bien sencillo. Los criterios de meritocracia que defiende el PP, con Aguirre al frente, quedan reducidos a las viejas formas de simonía y reparto de prebendas en la que nuestros compatriotas los papas borgias tantas lecciones nos dieron. No hay vínculo más firme que compartir hogar, dividendos o favores.

Amistades, militancias, lazos familiares y… negocios compartidos en torno al núcleo del PP madrileño sellan la alianza de la vieja y rancia nobleza propietaria de la tierra –hoy solares-, los altos funcionarios de la administración, las patronales bancarias y de la construcción y los nuevos negociantes plebeyos de las también viejas y rancias clases medias conservadoras madrileñas, ayer franquistas hoy demócratas de toda la vida.

Buena parte de los nombres aludidos son familiares y amigos, se deben favores y forman parte de una pequeña elite que accede desde la cuna a cargos de dirección de forma «natural». Forman parte de la clase dirigente.

Son la gente que considera normal que su trayectoria «profesional» sea una sucesión cargos políticos, consejos de administración y oportunidades de hacer negocio a partir de la información que circula en su exclusivo club. Pertenecer al mismo es un seguro de vida, una vía para acceder es afiliarse al PP.

Evidentemente ello comporta tener un discurso neoliberal privatizador y una práctica parásita y depredadora de lo público como plataforma del lanzamiento de ganancias privatizadas.

La secuencia ha sido la siguiente: vinculaciones previas con la administración (la mayoría de los políticos del PP son funcionarios sea cual sea su formación académica), instrumentalización de la política para adquirir poder, ocupación del espacio público con asesores partidistas mediante el dedo selector, creación de una conciencia de propiedad sobre lo público por parte de esa élite de gestores mercenarios, descalificación de la eficiencia pública por parte de quienes precisamente gestionan lo público, privatización y ocupación del negocio creado. De libro, y probablemente aprendido de los Putin.

El PP de Madrid, una vez estalló la burbuja inmobiliaria y se secaron los pozos de la obra pública y en espera de dar la bienvenida a míster Adelson, está intentando ocupar directamente y en compañía de algunos socios capitalistas los nichos de negocio de la sanidad, la enseñanza y los servicios públicos. Tal es el caso también del agua.

Plataforma contra la Privatización del Canal Isabel II, en la que participa Ecologistas en Acción.