La Comunidad de Madrid sale de nuevo al rescate de la finca de celebración de eventos “La Muñoza”, situada en un espacio protegido. Tres meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la licencia municipal de actividad de esta finca, los servicios jurídicos del gobierno autonómico han solicitado la nulidad de esta sentencia, a pesar de que no fueron parte del proceso judicial ni tienen competencias en el caso. Ecologistas en Acción considera que la actuación es grave y que podría estar destinada, una vez más, a favorecer a Carmen Cafranga, socia de la mujer de Ignacio Gónzalez y responsable principal de «La Muñoza».
Aunque «La Muñoza» es propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la actividad de celebración de eventos la realiza la sociedad Las Higueras del Tambor S.L, entidad a quien se ha cedido el usufructo. Esta sociedad está participada al 50% por la citada fundación y al 28% por Carmen Cafranga Cavestany. De facto, Cafranga controla el 78% de la sociedad, al ser presidenta de esta fundación. Carmen Cafranga es socia de la mujer de Ignacio González en Subastas Segre.
Desde su constitución, en febrero de 2006, Las Higueras del Tambor S.L se encarga de la explotación de La Muñoza. Además en noviembre del mismo año se registró como Centro Especial de Empleo de la Comunidad de Madrid. De esta forma, compagina la actividad mercantil con la formativa y la contratación de personas con dificultades psíquicas o físicas, lo que la convierte en receptora de subvenciones, exenciones fiscales, etc.
Pero los eventos que se organizaban en la finca, bodas, banquetes, galas promocionales de grandes marcas, parecen, a todas luces, superar las actividades formativas bajo las que se amparaba para organizar eventos. Estas actividades no están autorizadas en el espacio protegido como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, donde se ubica la finca.
En enero de 2009, como consecuencia de un recurso interpuesto por un particular, un juzgado contencioso-administrativo de Madrid ordenó el cese de la actividad de “La Muñoza”, al carecer de autorización para la instalación de equipos de sonido. Ese cierre fue efectivo hasta el mes de julio de ese año, cuando el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid emitieron los informes y autorizaciones correspondientes que dejaron sin efecto la orden judicial. Sin embargo en el periodo en el que estuvo paralizada la actividad (de enero a julio de 2009), debido a la obligada cancelación de eventos que ya habían sido contratados, se generaron pérdidas importantes que hubieran impedido a la sociedad hacer frente al pago de 300.000 euros de parte de un préstamo solicitado.
Ese mismo año, la Comunidad de Madrid, en concreto la Consejería de Empleo y Mujer, concedió a Las Higueras del Tambor SL una subvención de 300.000 euros para “saneamiento financiero de Centros Especiales de Empleo”. Justo la cantidad requerida para “paliar el golpe” (según se recoge textualmente en la memoria económica de la sociedad del año 2009) producido por el cierre de la actividad por orden judicial.
Si estos hechos resultan llamativos, más lo es la última actuación de la Comunidad de Madrid que parece haber salido nuevamente en defensa de los intereses de Carmen Cafranga. El pasado abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), anuló la licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento de Madrid en 2007. Las partes personadas fueron únicas el Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y un particular. La Comunidad de Madrid no fue parte en dicho procedimiento judicial y tampoco tiene competencias en el caso, dado que lo que se ha anulado es la concesión de una licencia municipal. La sentencia del TSJM es firme
Sin embargo, y en contra de toda lógica, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han presentado, ante el TSJM un incidente de nulidad, pidiendo la suspensión de la ejecución de la sentencia que anula la licencia de actividad en la finca La Muñoza, así como su nulidad. El incidente de nulidad es una medida excepcional a la que sólo cabe recurrir en situaciones de lesión de derechos fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso. Esta maniobra de la Comunidad de Madrid, sólo parece beneficiar a la fundación y a la sociedad que regenta Carmen Cafranga. Todo ello en perjuicio de los objetivos de conservación del espacio protegido donde se ubica la finca.
Ecologistas en Acción califica de muy graves estos hechos porque se podrían estar destinando fondos y servicios públicos para favorecer a una entidad privada vinculada a una persona allegada al Presidente González.
