OIDHACO, red internacional de 35 organizaciones europeas e internacionales a la que pertenece Ecologistas en Acción como miembro de la Plataforma Justicia por Colombia, expresa su preocupación frente a las denuncias de múltiples violaciones graves a los derechos humanos en el marco del paro nacional agrario en Colombia, en particular de parte de la Fuerza pública.

Desde que empezó el paro agrario el 19 de agosto, decenas de personas han sido detenidas, se denuncian disparos de parte de la Fuerza pública en contra de los manifestantes, así como retenes y empadronamientos que obstaculizan la libertad de movimiento y la libertad expresión de la población colombiana. Se denuncian también casos de violencia sexual, agresiones con armas de fuego y armas blancas, saqueos, amenazas y ocupación de bienes protegidos por el derecho internacional humanitario de parte de miembros de la Fuerza pública.

Desde el anuncio del paro agrario, las autoridades colombianas, incluido el propio Presidente Santos, han advertido que las personas que bloqueen vías serían judicializadas. De igual manera, altos cargos del gobierno y de la policía han realizado declaraciones relacionando los manifestantes con actores armados ilegales, en especial con la guerrilla de las Farc. Asimismo el Estado colombiano ha desplegado importantes efectivos y equipamiento militar y policial para responder a la protesta social. En el primer día, las protestas del paro agrario fueron vigiladas por más de 16.000 efectivos (El Heraldo) y se anunció la participación de “13 aeronaves que cumplirán labores de monitoreo y 56 grúas que tendrán la tarea de retirar vehículos que pretendan obstaculizar las vías” (El Espectador).

Esta situación, sumada a la represión del paro en el Catatumbo y del paro minero que resultó en la muerte de al menos 4 personas, cientos de heridos, detenidos y judicializados, tiene un efecto disuasivo para las personas que quieran manifestar a favor de sus derechos. Así, según informó la prensa, sólo 12.500 personas participaron en el primer día del paro nacional, en lugar de las 60.000 que se esperaban.

Estos hechos constituyen claros obstáculos a las libertades de expresión y manifestación, además de las graves violaciones a los derechos a la vida y a la integridad antes mencionados, entre otras.

Oidhaco considera fundamental que el gobierno colombiano, especialmente en un contexto en el cual se están dando negociaciones de paz, respete estas libertades y tome en consideración los reclamos de los distintos sectores de la sociedad colombiana.

Pedimos por lo tanto a la comunidad internacional que exprese su preocupación frente a la represión de las protestas en Colombia y haga un llamado a las autoridades colombianas para que garanticen el libre ejercicio de las libertades de expresión y manifestación y se abstengan de criminalizar a los manifestantes. Asimismo, solicitamos a la Unión europea, sus Estados miembro, Suiza y Noruega a que insistan ante el Estado colombiano para que los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las recientes manifestaciones sean investigados, juzgados y sancionados. Finalmente, les pedimos actuar a fin de que las personas judicializadas y detenidas arbitrariamente sean liberadas y que los cargos en su contra sean levantados.