Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha reaccionado al comunicado que lanzaran a principios de agosto los promotores urbanísticos del fallido proyecto de Marina de Cope (proyectado en pleno Espacio Protegido), y en el que reclamaban al Gobierno Regional millonarias indemnizaciones, debido a la imposibilidad de materializar sus planes urbanísticos.

La organización ambientalista encargó un análisis de la situación, tras el estupor que produjo entre sus miembros el anuncio de la pretensión de los promotores privados de ser indemnizados multimillonariamente con dinero público, tras demostrarse la imposibilidad legal de desarrollar su impactante y pretencioso proyecto urbanístico en pleno Espacio Natural Protegido de la costa murciana.

El informe remitido al Consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, concluye que no hay ninguna razón jurídica que obligue a la Administración Regional a indemnizar a los promotores, asumiendo otra vez con dinero público las supuestas pérdidas de los malos negocios privados, y que debería pedirse un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, cuyo dictamen al respecto es preceptivo según el artículo 12 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y sobre el que, a día de hoy, no se sabe nada.

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Análisis sobre le derecho a indemnización.

La organización ecologista recuerda que ya advirtió a las administraciones regional y locales, que si se continuaba la tramitación de este ilegal despropósito, se podría llegar a una fase en la que sí sería legítimo que los promotores exigieran indemnizaciones, pero afortunadamente no se llegó tan lejos en este proyecto, y por tanto no se ha generado ningún derecho de indemnización.

Que los promotores se hayan sentido legitimados a exigir indecentes e injustificadas indemnizaciones por no conseguir llevar a cabo su proyecto, incompatible con la legalidad vigente, no es motivo para que, una vez más, se pretenda suplir con dinero público las frustradas expectativas de enriquecimiento privado. Y menos aún teniendo en cuenta que gran parte de la deuda de esta Comunidad Autónoma la ha provocado injustamente el asumir con presupuesto público lo que deberían ser inversiones y/o pérdidas privadas.
La sociedad murciana no entendería que se asuma dicho pago cuando la deuda está provocando recortes de presupuesto público, y buena parte de la ciudadanía lo está pasando muy mal por la falta de trabajo, de recursos económicos y de vivienda, a lo que se suma la subida de impuestos indirectos (que afectan más a quienes menos tienen) y los graves recortes en los servicios públicos básicos (lo cual no hace sino incidir en la desigualdad social).

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha exigido la desestimación de cualquier indemnización ilegítima, y que se solicite el pronunciamiento del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Para terminar, los ecologistas exigen a las administraciones públicas que sean más prudentes y usen más el sentido común, velando mejor por el interés público. No es de recibo que la administración se empecine en tramitar negocios de beneficio privado cuando existen serias y fundadas dudas de su legalidad, y tienen recursos legales en proceso, como ha sido el caso de este proyecto.