El análisis de los costes ecológicos ocultos del metabolismo económico muestra su insostenibilidad.

Óscar Carpintero y José Bellver [1]
Revista El Ecologista nº 83.

Los principios para rehacer nuestra economía desde la sostenibilidad son claros: usar fuentes energéticas renovables; cerrar los ciclos de materiales en los procesos productivos; plantear una suficiencia, redistribución y autocontención con regulación democrática; y aplicar el principio de precaución. En el artículo se apuntan qué estrategias de cambio son las más adecuadas en este sentido.

Parece claro que en esta crisis estamos asistiendo a elementos comunes con otros episodios anteriores (burbujas, apalancamiento, endeudamiento excesivo, especulación, fraudes, caída de la producción, paro, etc.), pero en un contexto mundializado e interconectado, con notable capacidad de contagio y, por tanto, de riesgo generalizado. A todo ello hay que unir, además, el aumento pronunciado de la desigualdad social, la discriminación sexual y el deterioro ecológico planetario provocado por el modelo de producción y consumo actual que compromete seriamente las posibilidades de supervivencia de la especie humana. Pero caeríamos en un error si el diagnóstico de la crisis lo realizáramos también en términos únicamente de sistema económico. Tenemos una crisis económica, sí, pero también ecológica y social. Sin embargo, al centrar la atención en la dimensión económica, han quedado en un segundo plano los costes ecológicos ocultos asociados al metabolismo económico español, cuya estrategia de “desarrollo” se ha mostrado claramente insostenible [2].

Boom inmobiliario y de infraestructuras

Insostenible tanto por el lado del consumo de recursos como por la generación de residuos, pues, aún en un contexto como el actual, seguimos apoyando nuestro modo de producción y consumo en un 80% de recursos no renovables. Con la peculiaridad de que, del total de recursos naturales utilizados y valorados, el 50% han sido productos de cantera destinados a alimentar los sucesivos booms inmobiliarios y de infraestructuras, convirtiendo así a las graveras en la principal actividad minera peninsular durante el último ciclo expansivo.

Si tenemos en cuenta que en el momento álgido del último boom inmobiliario se llegaron a iniciar 900.000 viviendas –superando conjuntamente a las iniciadas en Alemania y Francia– y que cada metro cuadrado de una vivienda exige por término medio una tonelada de energía y materiales, la dimensión del despilfarro parece obvia. Un absurdo ecológico y económico tanto más llamativo cuanto que casi dos tercios de lo construido no estuvieron justificados por la demanda de primera residencia, sino que fue a parar a viviendas desocupadas a la espera de revalorización y posterior venta para materializar la inversión, o a viviendas secundarias con utilizaciones medias de menos de un mes al año. Lo que, claro está, no es ajeno al grave deterioro que sufre el grueso del territorio y nuestro litoral, pavimentado ya irreversiblemente como consecuencia del modelo turístico-inmobiliario, aunque ello haya sido a costa de zonas protegidas o de alto valor ecológico, causando graves destrozos paisajísticos y degradando ampliamente los ecosistemas hídricos [3].

Además del destrozo medioambiental que todo ello supone, el rápido e incontrolado crecimiento urbanístico ha requerido de la construcción de potentes infraestructuras de transporte que conectasen las piezas urbanas dispersas sobre el territorio. Sin embargo, estas han demostrado ser tan costosas, en términos financieros y de calidad de vida, como inoperantes frente a los problemas de congestión del tráfico, además de contribuir a la polarización territorial de la actividad económica [4].

Creciente dependencia exterior

Pero esta insostenibilidad interior aumentó con la insostenibilidad exterior plasmada en el doble déficit físico y territorial que la economía española tiene contraído con el resto del mundo. La creciente dependencia respecto de sustancias estratégicas (combustibles fósiles y minerales) explica que, por cada tonelada que salía de nuestro país en forma de exportaciones en la fase álgida de la anterior burbuja, hubieran entrado como importaciones casi tres toneladas más. Un déficit comercial físico que, para sorpresa de muchos, no lo tenemos contraído con nuestro principal socio comercial (la UE), sino con los países empobrecidos de África (gas de Argelia, petróleo de Nigeria, minerales subsaharianos, etc.) y América Latina (petróleo de Venezuela y Ecuador, gas y litio de Bolivia, cobre de Chile, etc.). Por el lado de los residuos, solo para absorber nuestras emisiones de CO2 se necesitaría una superficie forestal equivalente a la de “tres Españas”.

Ahora bien, la crisis económica iniciada a partir del 2007 está suponiendo una modificación en la composición de los recursos naturales utilizados por la economía española, a saber: el desplome en la utilización de los principales materiales no renovables (productos de cantera), y el incremento paralelo del peso de la energía y materiales de origen renovable. Este “avance” hacia la renovabilidad en el contexto de la crisis se ve, además, acompañado por una reducción de las emisiones de GEI derivada de la caída de la actividad económica. Tendencias paradójicas que, sin embargo, pueden abrir un camino y una oportunidad para la reflexión sobre el cambio de modelo. Pero no se trata tanto de ver cómo superar la crisis para hacer volver a funcionar mejor el mismo sistema económico, sino de avanzar en la transición socioecológica hacia un sistema económico distinto.

Ideas para la transición

Los economistas ecológicos llevan muchos años llamando la atención sobre las incoherencias de un enfoque económico que representa la producción de bienes y servicios de espaldas a las enseñanzas de la termodinámica y la ecología, y que oculta tanto los requerimientos de energía y materiales como la necesaria generación de residuos y su impacto sobre el medio ambiente. Si, a partir de cierto nivel, el aumento del consumo de bienes y servicios no mejora necesariamente el bienestar de la población, no parece sensato incrementar indiscriminadamente la producción de estos bienes y servicios. Sobre todo porque afloran aún más los límites ecológicos con los que choca esta estrategia (tanto por el lado de los recursos como por el ángulo de los residuos), mostrando su naturaleza insostenible que hace imposible su generalización en el espacio y su mantenimiento en el tiempo. De poco sirve, por tanto, empecinarse en una estrategia económica que, en los países ricos (y en concreto en España), proporciona tan magros y contradictorios resultados sociales y ambientales.

Si esto es así, y si uno se toma con rigor lo anterior, habrá que considerar seriamente lo que, de manera polémica, se ha denominado la “abolición del PIB” como objetivo de política económica e indicador de bienestar [5]. La literatura sobre las deficiencias del PIB per cápita como indicador de bienestar es tan apabullante que lo que sorprende es el empecinamiento de seguir apelando (acríticamente) a su crecimiento como la mejor forma de mejorar el bienestar de la población. ¿Qué políticas podemos, entonces, plantear para reconducir la situación actual por derroteros más sostenibles ecológicamente, más sensatos económicamente, y, también, más justos socialmente? [6]

En primer lugar resulta necesario definir los principios de sostenibilidad sobre los que apoyarnos para orientar las acciones que logren el cambio de modelo. Entre estos principios del nuevo modelo cabría apuntar los siguientes: a) renovabilidad en las fuentes energéticas; b) cierre de ciclos de materiales en los procesos productivos; c) suficiencia, redistribución y autocontención con regulación democrática; y d) principio de precaución.

Mientras que los dos primeros principios tienen que ver con un ámbito más técnico –sobre el “cómo hacer las cosas”–, el tercer principio nos obliga, además, a asumir con todas sus consecuencias el escenario de limitación ecológica. Lo que, de paso, ayuda a poner en cuarentena el objetivo de la expansión y consumo indiscriminado de bienes y servicios como estrategia para resolver los problemas económicos, sociales e, incluso, ecológicos. La autocontención [7] implica, a escala social, una planificación democrática de la economía para intervenir con sensatez sobre el clásico dilema de qué producir, cómo producir y para quién hacerlo. La aplicación del principio de precaución a múltiples procesos y sustancias presentes en nuestras vidas permitiría desechar alternativas productivas o de consumo que impliquen riesgos inaceptables habiendo otros procedimientos para conseguir los mismos objetivos (aunque parezcan, a priori, menos rentables económicamente para los intereses privados). Ello redundaría, ya, en una sustancial mejora de nuestra salud y la de nuestros ecosistemas.

Con estos mimbres, parece posible proponer estrategias de cambio que se pueden desdoblar en dos tipos: medidas sobre el marco institucional y medidas de tipo sectorial.

Respecto al marco institucional habría que: 1) recuperar elementos de planificación económica general y democrática a medio y largo plazo, con objetivos de reducción equitativa de la huella ecológica española y de los requerimientos totales de materiales (en vez de incremento del PIB); 2) establecer una política general de incentivos y penalizaciones en relación con los costes ecológicos de las distintas actividades económicas; 3) implantar una planificación general y política de los tiempos de trabajo con el fin repartir todos los trabajos (mercantiles, o no, domésticos y de cuidados) con la ayuda de una reducción progresiva y general de la jornada laboral [8]; 4) una reforma ecológica de la contabilidad nacional que incorpore, en pie de igualdad, un Sistema de Cuentas de los Recursos Naturales, así como un mecanismo claro de indicadores sociales (no monetarios) para hacer posible incorporar de facto en la planificación aquellos elementos no monetarizables de gran importancia en la toma de decisiones sobre el bienestar social [9]; 5) contribuir activamente para que, en los foros europeos e internacionales, se otorgue un apoyo efectivo a las medidas encaminadas hacia el cambio de modelo económico.

Medidas sectoriales para el cambio

En lo que atañe a las medidas sectoriales, también sabemos bastantes cosas sobre cómo acometer técnicamente la necesaria reconversión económico-ecológica de la economía española. Esto es preciso subrayarlo. Sin ánimo de exhaustividad, sería posible actuar en varios ámbitos:

1) La ordenación de los usos del territorio sobre la base de las características de suelo, clima y recursos disponibles;

2) Una reconversión del sector de la construcción desincentivando y penalizando la oferta de nuevas viviendas e infraestructuras y, en cambio, gestionando adecuadamente el patrimonio inmobiliario ya existente, para lo que se especifican diversas prácticas ya conocidas de modelos más exitosos que el español;

3) Políticas y planes integrados de gestión del agua y la energía y los materiales orientadas por la gestión de la demanda y la reducción del consumo, además de, en el caso energético, una profundización en la sustitución de los combustibles fósiles y la energía nuclear por las energías renovables (solar y eólica);

4) Políticas coherentes de gestión de residuos, priorizando la prevención, reducción y reutilización, en vez del reciclaje y la incineración (que, no lo olvidemos, son la cuarta y quinta peor opción). Por otra parte, habría que evitar que, por nuestro sistema de gestión y recogida, vayan al vertedero millones de toneladas de materia orgánica, en vez de ir a nuestros depauperados suelos y a servir de medio de producción básico de la agricultura ecológica;

5) Una transición hacia una agricultura y una ganadería ecológicas, cambiando radicalmente de signo el sesgo las políticas de subvenciones y ayudas públicas del sector (como sucede con la Política Agraria Comunitaria);

6) Una reconversión industrial generalizando los principios básicos de la industria limpia (minimización de la contaminación), profundizando en las estrategias de prevención y ahorro, y en el diseño de productos teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de los mismos;

7) Fomento de empleos y actividades en economía sostenible y en economía social, estimulando aquellos sectores que avancen en estrategias de producción y consumo bajo relaciones sociales de producción distintas a las dominantes.

Ahora bien, difícilmente serán posibles muchas de estas estrategias sin una necesaria reforma tanto del sistemas financiero como del sistema fiscal. No en vano hay que financiar la transición, y esto supone quebrar algunas de las relaciones de poder clave en el sistema económico. En el primer caso restaurando algunos de los antiguos controles y garantías sobre muchas de las operaciones financieras. Una medida clara en este sentido sería recuperar la banca pública que ayudaría no solo para limitar el enorme poder económico de los bancos privados, sino también a reorientar la actividad económica y la inversión en la transición con la suficiente independencia financiera. A su vez, para que la reconversión del modelo sea efectiva y para ganar en equidad e igualdad social, es necesario tener un sistema fiscal potente, profundamente progresivo en su recaudación y empleo de los recursos, y que pueda financiar un conjunto de servicios públicos y prestaciones sociales de calidad.

Las medidas sugeridas en estos párrafos, y ampliadas en las referencias mencionadas, son, creemos, orientaciones valiosas para acometer la reconversión ecológica de la economía española, reducir el deterioro provocado a la salud de las personas y los ecosistemas, incrementar la equidad social y, por tanto, mejorar el bienestar de la población. Son mimbres suficientes para comenzar la tarea y ponen de relieve que sabemos hacer bastantes cosas. A la vista de las circunstancias, parece que no intentarlo ya no es una opción válida.

Nota: Este artículo es un resumen del texto de Óscar Carpintero y José Bellver (2014): “¿Es posible la sostenibilidad ambiental de la economía española?”, La Situación del Mundo 2013, Fuhem Ecosocial – Icaria.

Notas

[1] Óscar Carpintero es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. José Bellver es investigador de FUHEM Ecosocial. Ambos son miembros de Ecologistas en Acción.

[2] Véase: O. Carpintero (2005): El metabolismo de la economía española. Recursos naturales y huella ecológica (1955-2000). Fundación César Manrique, Lanzarote; y, más recientemente: O. Carpintero (2012): “La sostenibilidad ambiental de la economía española: un análisis a largo plazo”, Sistema, 225-226, pp. 123-161.

[3] Ecologistas en Acción. Informe Banderas Negras 2010. Caos en la costa, Ecologistas en Acción 2010; Greenpeace. Destrucción a toda costa 2011, Greenpeace España, 2011

[4] Este crecimiento desenfrenado y preocupante de las infraestructuras ya venía siendo así, al menos, desde mediados de los años 90, tal y como denunciaron Antonio Estevan y Alfonso Sanz en lo que denominaron la expansión de la “triple A”: AVE, Avión y Autopistas. Vid. A. Estevan y A. Sanz, (1996): Hacia la reconversión ecológica del transporte en España. Madrid, Los Libros de la Catarata. Por suerte, Alfonso Sanz, Pilar Vega y Miguel Mateos han actualizado recientemente las Cuentas Ecológicas del Transporte (Madrid, Libros en Acción, 2014) con resultados interesantísimos. De igual modo, tiene mucho interés el libro de P. Segura, (2012): Infraestructuras de transporte y crisis. Grandes obras en tiempos de recortes sociales, Madrid, Libros en Acción.

[5] Así lo ha argumentado con solvencia el economista holandés Jeroen van den Bergh “Abolising GDP”, Tinbergen Institute Discussion Papers, 07-019/3, 2007.

[6] Aunque la brevedad de este artículo no permite extenderse adecuadamente, esta mayor amplitud se puede encontrar en otros textos donde hemos tratado estos asuntos con más detenimiento. Por ejemplo, aparte de Carpintero y Bellver, op.cit., véase: O. Carpintero y J. Riechmann (2013): “Pensar la transición: enseñanzas y estrategias económico-ecológicas”, Revista de Economía Crítica, 13, pp. 45-107.

[7] Véase, la “pentalogía sobre la autocontención” publicada por Jorge Riechmann durante los últimos años en Los Libros de la Catarata.

[8] Véase: New Economics Foundation, (2012): 21 horas. Una semana laboral más corta para prosperar en el siglo XXI. Icaria, Barcelona.

[9] Existen mimbres para ello, tanto por los trabajos internacionales ya desarrollados en este ámbito (por ejemplo con la adopción por parte de Eurostat de la contabilidad de flujos materiales a escala nacional), como por el precedente frustrado de la Comisión Interministerial de Cuentas del Patrimonio Natural española de mediados de la década de los años 80 del pasado siglo. Estas lagunas en el caso español han sido no obstante cubiertas por el estudio de conjunto de Carpintero (2005), op.cit. y a escala regional por la más reciente elaboración del Proyecto de Investigación titulado Estadísticas Básicas del Metabolismo Socioeconómico, coordinado por O. Carpintero, y promovido por FUHEM-Ecosocial, cuyos resultados pronto serán publicados en forma de libro.