Dos ceses en Enresa son claro indicio de tensiones en el seno de la empresa pública. Los cargos de las personas cesadas, el director de administración y el responsable jurídico, indican presiones para acelerar el proceso de adjudicación de la construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas, en Cuenca. La cercanía de las elecciones se apunta como razón para los nervios y las prisas. Ecologistas en Acción advierte de que conceder el contrato millonario de obra sin el permiso previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podría ser ilegal. Por ello, la organización ya estudia acciones legales para frenar una maniobra con tintes de prevaricación.

El CSN recibió la semana pasada las respuestas a su petición de información adicional con respecto a la construcción del cementerio nuclear, que técnicamente se conoce como Almacén Temporal Centralizado (ATC). Los expertos nucleares necesitan despejar dudas sobre la idoneidad del terreno y la pertinencia de esa obra. Cuentan también en su poder con estudios independientes que apuntan a los graves problemas del emplazamiento para instalar allí un almacén de alta seguridad, de hecho, la consultora URS califica el emplazamiento como “inadecuado”. No hay calendario para la respuesta del CSN. Sus técnicos decidirán, en función del volumen de información a estudiar, cuándo comunicar si se concede el permiso y, en caso afirmativo, qué condiciones se imponen a la obra. Podrían, por ejemplo, imponer medidas especiales para impedir una fuga de residuos radiactivos ante un posible corrimiento de tierras.

La lógica apunta a que sería necesario esperar la comunicación del CSN y sus posibles instrucciones adicionales para dar el siguiente paso. Es imposible definir el proyecto a nivel técnico y económico antes de conocer las condiciones impuestas a la construcción. Pero la realidad va en sentido contrario.

En ENRESA, la empresa estatal encargada de la gestión de todos los residuos nucleares y radiactivos del Estado, se ha hecho oficial el cese de su Director de Administración, Eugenio Alejandre. Se sospecha que la decisión de prescindir de este cargo tiene que ver con en el descontento ante la gestión de la adjudicación del contrato de Villar de Cañas. Cabe recordar que la apertura del tercer y último sobre de ofertas para esta adjudicación de obra civil estaba previsto para los últimos días de enero o primeros días de febrero de 2015, pero el trámite no se ha producido aún. Antes, había sido cesado el responsable jurídico, Jesús Moreno Vivas, por presuntas desavenencias con el presidente de la empresa estatal, Francisco Gil-Ortega.

Gil-Ortega, muy cercano a la presidenta de la Junta de Castilla la Mancha María Dolores de Cospedal, ya ha expresado claramente su voluntad de despejar el camino para una adjudicación de obra que asciende a más de 260 millones euros. Una maniobra que podría perjudicar seriamente a las arcas públicas: si se adjudica el contrato, pero finalmente no se lleva a cabo la construcción del cementerio, la empresa adjudicataria recibiría una cuantiosa indemnización por lucro cesante. Algo parecido a lo ocurrido con la Plataforma Castor recientemente.

Ecologistas en Acción valora muy negativamente los últimos movimientos en Enresa y advierte de que estudia ya las posibles acciones legales a tomar en caso de que la adjudicación se lleve a cabo sin el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear.