¿Proteger las inversiones de la industria o garantizar que los combustibles no compitan con la alimentación humana? El debate sobre los agrocombustibles alcanza la próxima semana un momento clave. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo deberá decidir sobre una política de transporte más sostenible, en la que los carburantes reduzcan su impacto social y ambiental. Coalición Clima [1], la Coordinadora de ONGD-España [2] y Plataforma Rural [3] han enviado hoy una carta los miembros de esa comisión reclamando valentía frente a las presiones.

“En el momento actual de las negociaciones, la posición de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) va a ser clave” explica la misiva. Es preciso “un acuerdo que reduzca todo lo posible la cantidad máxima de agrocombustibles permitida y contemple el conjunto de sus emisiones”. La posición del ENVI “será determinante para la negociación posterior con el Consejo y la Comisión Europea”, explican las organizaciones, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción.

Los agrocombustibles son biocarburantes producidos con materias primas de origen agrario. Tienen impactos negativos sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria, y el acceso a recursos imprescindibles como el agua o la tierra. Sin embargo, persisten los sectores que los defienden como energías renovables y limpias.

Se habla de agrocombustibles de primera generación, los que proceden de cultivos alimentarios, y de segunda generación, cuya materia prima no son alimentos. Estos últimos pueden provocar igualmente impactos sobre el territorio y el medio ambiente.

Y es que cuando la tierra se usa para la fabricación de carburantes, desaparece la posibilidad de que ésta sea empleada para cosechar alimentos e, indirectamente, se fomenta la deforestación en otros territorios. Son los llamados cambios indirectos del uso del suelo (ILUC por sus siglas en inglés).

En 2012 comenzó el proceso de revisión de las dos directivas que promueven la producción y uso de agrocombustibles en la Unión Europea: la Directiva de Energías Renovables (RED) y la Directiva de Calidad de Combustibles (FQD).

La primera fase del proceso de revisión terminó en diciembre de 2014 con dos posiciones divergentes entre el Parlamento y el Consejo Europeo que se traducen, entre otros aspectos, en el porcentaje máximo de agrocombustibles de primera generación en el total de carburantes de energías renovables.

El Consejo priorizó la protección de las inversiones de la industria, incrementando el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación hasta el 7%. No fijó un objetivo obligatorio a los de segunda generación, y elimina la contabilización de ILUC.
El próximo martes la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votará sobre la posición del Consejo Europeo. Las enmiendas que salgan de esa votación serán decisivas para la negociación entre las instituciones europeas y para la decisión final respecto a los agrocombustibles.

Los eurodiputados que pertenecen a esa comisión deben ser conscientes de que su voto influirá en el futuro. En su tejado está la defensa de la seguridad alimentaria y la reducción de gases de efecto invernadero.

20 de febrero de 2015

RE: Petición urgente a los/as europarlamentarios/as del Estado español integrantes de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI):
es urgente y necesario reformar las políticas europeas de agrocombustibles para reducir sus impactos sociales, climáticos y ambientales.

Estimado/a integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (PE),

Las organizaciones integrantes de Coalición Clima [1], la Coordinadora de ONGD-España [2] y Plataforma Rural [3] le escribimos en relación a la reforma de las políticas europeas de agrocombustibles, de la que usted será participe en los próximos días. Se trata de una importante oportunidad para mitigar los graves impactos ambientales y sociales generados por la extensión del uso de agrocombustibles (biocarburantes producidos con materias primas de origen agrario), como el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), la deforestación y pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades de sus territorios, o las presiones alcistas en el precio de alimentos básicos. Esta reforma es también una oportunidad para orientar la futura política europea de transporte hacia una mayor sostenibilidad.

En 2012 comenzó el proceso de revisión de las dos directivas que promueven la producción y uso de agrocombustibles en la UE: la Directiva de Energías Renovables (RED) y la Directiva de Calidad de Combustibles (FQD). La primera fase del proceso de revisión terminó en diciembre de 2014 con dos posiciones divergentes entre el Parlamento y el Consejo Europeo.

Existen múltiples evidencias científicas de los impactos negativos del uso energético de materias agrícolas sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria de los/as habitantes de estados del Sur, y el acceso de éstos/as a recursos imprescindibles como el agua o la tierra. El Parlamento optó en la primera lectura por medidas considerablemente más ambiciosas que las del Consejo, tanto para limitar el uso de cultivos alimentarios o energéticos para agrocombustibles, como para contabilizar las significativas emisiones GEI resultantes de los cambios indirectos en el uso de suelos (ILUC).

El Consejo, sin embargo, priorizó (frente a la mencionada problemática socioambiental), la protección de las inversiones realizadas para la fabricación de agrocombustibles, que en el caso del Estado español no respondieron a ninguna planificación o estimación de consumos razonables, ni a la disponibilidad de materias primas autóctonas excedentarias. La imprudente posición del Consejo incrementa el límite en el uso de agrocombustibles de 1ª generación hasta el 7% (frente al 5% propuesto por la Comisión Europea), sin incluir cultivos energéticos no alimentarios, a pesar de generar éstos los mismos impactos sobre el territorio y las comunidades; y elimina cualquier posibilidad de que se incluyan las emisiones indirectas por ILUC dentro de los criterios de sostenibilidad que debe cumplir cualquier biocarburante para considerarse energía renovable.

Otro elemento preocupante es que tanto Parlamento como Consejo adoptaron diferentes medidas para favorecer el desarrollo de los llamados “biocarburantes advanzados”, olvidándose de aquellas medidas imprescindibles para garantizar su sostenibilidad tanto social como ambiental. Sin éstas, el riesgo de generar nuevos e importantes problemas (como ya pasó con los de 1ª generación) es muy alto.

A modo de ejemplo, en la mayor parte del estado Español, de influencia mediterránea, existen importantes limitaciones hídricas y la producción de biomasa agrícola y forestal es menor que en muchas regiones europeas de influencia atlántica. Un uso masivo de paja u otros subproductos agrarios para fabricar “biocarburantes avanzados” competiría con los sectores, que como el ganadero, ya utilizan unos recursos cuya disponibilidad es limitada, resultando en preocupantes subidas de precios o riesgo de desabastecimiento. Algo parecido podría ocurrir en el caso de residuos forestales y sus usos actuales tanto materiales como energéticos (para producir calor o electricidad).

No debemos olvidar igualmente los bajos niveles de materia orgánica en los suelos de buena parte de la península (junto al riesgo de desertización derivado). La restitución a los suelos de aquellos residuos más fácilmente compostables presenta múltiples oportunidades, incluyendo un importante potencial de fijación de C como medida de lucha contra el cambio climático, objetivo principal y originario de las directivas RED y FQD.

En el momento actual de las negociaciones, la posición de la Comisión de Medio Ambiente va a ser clave. Un acuerdo que reduzca todo lo posible la cantidad máxima de agrocombustibles permitida, contemple el conjunto de sus emisiones, y plantee garantías básicas para los avanzados será determinante para la negociación posterior con el Consejo y la Comisión Europea.

El informe del ponente de la Comisión ENVI, Mr Nils Torvalds, corrige sustancialmente la posición del Consejo recuperando la senda marcada por el Parlamento en primera lectura. No obstante, la Comisión ENVI debe ir más lejos para garantizar una revisión que cumpla con su objetivo inicial: un transporte más sostenible en Europa. Usted puede ocupar un papel central para:

  • Limitar al máximo el consumo de agrocombustibles (es decir, aquellos fabricados a partir de materias agrícolas, incluyendo también las de cultivos energéticos), y por lo tanto, su uso para cumplir con los objetivos comunitarios de energías renovables y calidad de combustibles. Cualquier esfuerzo para hacer más sostenible el transporte europeo debe partir necesariamente de una reducción sustancial de sus elevadísimos consumos energéticos, mediante medidas de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia energética, y mediante políticas de movilidad sostenible. Sin dicha reducción no será viable lograr los objetivos de la Directiva RED y FQD sin recurrir a fuentes energéticas que en la práctica presentan múltiples impactos socioambientales negativos, como es el caso de los agrocombustibles.
  • Incluir lo antes posible, en base a los últimos estudios científicos y en ambas directivas, los factores ILUC en la contabilidad de las emisiones GEI..
  • Promover únicamente aquellos biocarburantes avanzados cuya producción o consumo sea realmente sostenible, reduzca emisiones GEI y respete los principios legalmente establecidos de jerarquía en la gestión de residuos, y uso en cascada de materiales.

Quedamos a su entera disposición para debatir las diferentes medidas indicadas en esta carta.

[1] Forman parte de Coalición Clima: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Ecología y Desarrollo, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF España, Green Cross España, Acción Natura, CCOO, CEAR, Coordinadora de ONGD, Globalízate, Intermon Oxfam, IPADE, InspiraAction, Manos Unidas, Movimiento por la Paz, AFILIS (asociación para el fomento de iniciativas locales sostenibles), CiMA (científicos por el medio ambiente), Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, Red de Universidades por el Clima, Sociólogos sin Fronteras, ADICAE, ASGECO, CECU, FUCI, Hispacoop, OCU, Asociación de Scouts España, Attac.

[2] La Coordinadora de ONGD-España representa a 80 organizaciones y 17 coordinadoras autonómicas, sumando 400 organizaciones.

[3] Forman parte de Plataforma Rural: ACSUR-Las Segovias; Amigos de la Tierra;Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI); ColectivoTierra de Campos; Colectivos de Acción Solidaria (CAS); Confederación Españolade Consumidores y Usuarios (CECU); Coordinadora de Organizaciones deAgricultores y Ganaderos (COAG); Ecologistas en Acción; Emaús Fundación Social;Entrepueblos; Fundación Global Nature; GRAIN; Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos; Movimiento Rural Cristiano; Mundubat; Perifèries; Sindicato deObreros del Campo (SOC-SAT); Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE);SODePAZ; Universidad Rural Paulo Freire (URPF); Justicia AlimentariaGlobal-VSF; Xarxa de Consum Solidari)