Diversas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el desenlace del proyecto de almacenaje geológico de gas natural Castor, alertan a la opinión pública y a los partidos políticos que a partir del 1 de enero de 2016 la deuda generada por la compensación a la promotora del proyecto Castor comenzará a ser incluida en las facturas de gas. Argumentan que la indemnización garantizada por el RDL 13/2014 que compensaba a ESCAL UGS por la renuncia a su concesión, obvió escenarios y soluciones que hubieran expuesto mucho menos a la ciudadanía. Las organizaciones consideran que se optó por la opción más favorable a la promotora (participada en el 66,6% por ACS, de Florentino Pérez) asegurándole un pago multimillonario con una celeridad impropia de un contexto de emergencia social. Por este motivo, en el marco de las inminentes elecciones, y de la inclusión de esta deuda en las facturas, las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos a comprometerse en tomar acciones para evitar que sea la ciudadanía quien pague por este despropósito.
La campaña que se lanza hoy mismo y que incluye también un video viral, recuerda que el caso del Proyecto Castor tiene una causa abierta en el juzgado nº 4 de Vinarós, donde se están juzgando delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales. También el RDL de la compensación del proyecto tiene tres recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y en los últimos meses, el Tribunal Supremo ha fallado en contra de la declaración de impacto ambiental del gasoducto Castor, que fue fraccionada para evitar mayores exigencias. Ante tal escenario de presunta ilegalidad y manifiesta ilegitimidad e injusticia, las organizaciones sociales hacen un llamamiento para el no-pago de la deuda del proyecto, así como para que las instalaciones sean desmanteladas, puesto que ya se han demostrado como peligrosas e incluso innecesarias. La misma Comisión Nacional de la Energía alertaba ya en 2012, en referencia al sistema gasista, de cómo “se generan incentivos a los promotores a construir estas instalaciones cuando la retribución es suficientemente atractiva incluso aunque no sean necesarias por errores de la planificación, y de otro lado, se trasladan a la Administración y por ende al consumidor final los riesgos derivados de la incertidumbre en la evolución de la demanda de gas».
En la práctica, se calcula que la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad hay que añadir también los costes de mantenimiento, operación y administración en los que incurra Enagas, encargada de la hibernación indefinida de las instalaciones. Durante este tiempo, la deuda seguirá creciendo, y seguirá aplicándose a la factura del gas. Las organizaciones alertan que la principal afectación será para la ciudadanía de a pie, especialmente aquellas familias en situación de pobreza energética -una problemática que ya sufre el 17% de la población- y que tienen actualmente problemas para pagar sus facturas. Su endeudamiento crecerá, empeorando así su situación económica y afectando gravemente a sus condiciones de vida. Este hecho generará una situación manifiestamente injusta: mientras las empresas suministradoras de servicios básicos no cumplen con el servicio que deben ofrecer, se exige a la ciudadanía responder por un proyecto mal planificado, mal ejecutado, y que está actualmente en los tribunales. Además, las organizaciones recuerdan que los grandes consumidores, como pueden ser las pymes (y en especial las generadoras de electricidad a través de las centrales de ciclo combinado), también verán afectadas sus facturas de gas. Esto podría afectar también a otras facturas energéticas como las de la luz, por el encarecimiento que podría sufrir la producción de electricidad.
En 2014 las organizaciones ya denunciaron la opacidad durante todo el proceso, así como los peligros asociados -como el demostrado riesgo sísmico-, o las irregularidades administrativas. Ante el inminente inicio de 2016, exigen que se congele la ejecución del pago en las facturas como mínimo hasta que no finalicen los distintos procesos judiciales, y que se depuren realmente las responsabilidades. También apelan a la necesaria voluntad política para impulsar opciones energéticas que no sean fósil-dependientes, que no hipotequen a la población a 30 años y que no tengan severos impactos sobre la vida de las personas, el territorio y el medio ambiente.
La campaña, llamada #NoPagoCastor, que se ha puesto en marcha hoy, pretende hacerse eco entre las redes sociales a través de un video que presenta el Proyecto Castor como el nuevo “premio” de la Lotería de Navidad, que toca -a pagar- en esta ocasión a toda la ciudadanía. El objetivo es volver a situar el tema en la palestra mediática, para alentar reacciones políticas y ciudadanas y evitar que un caso tan flagrante quede impune y en el olvido.
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