Un año después de su constitución, por sentencia de 18 de abril de 2016 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado el Consejo Regional de Medio Ambiente, creado por Decreto 2/2015, de 8 de enero, en sustitución del antiguo Consejo Asesor de Medio Ambiente, que venía funcionando como órgano de participación social desde 2001.

El anulado Consejo Regional de Medio Ambiente absorbió asimismo los Consejos existentes de Espacios Naturales, Caza y Pesca, atendiendo sobre el papel a un objetivo de unificación de los órganos de participación medioambiental que Ecologistas en Acción ya propuso en 2012 y por lo tanto consideraba y sigue considerando positivo.

No obstante, con la excusa de la racionalización administrativa lo que en realidad hizo la Junta de Castilla y León fue vaciar de contenido el ya escaso espacio que dedica al debate de sus propuestas medioambientales, creando un órgano aún más dócil e inoperante que el anteriormente existente, con la finalidad de fingir una participación social que es ilusoria.

De hecho, el número de miembros del nuevo Consejo se aumentó de los ya excesivos 37 hasta nada más y nada menos que 43, incrementando los altos cargos y funcionarios de la Junta de Castilla y León de 17 a 21 y las vocalías de libre designación por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de 3 a 4, inundando así el supuesto órgano de participación social de políticos y funcionarios sin más función que votar lo que indique en cada caso la Presidencia.

Es llamativo que las únicas representaciones que se redujeron fueron, además de las de los Ayuntamientos (de 3 a 1 vocal) y las Universidades Públicas (de 4 a 2 vocales), las de las asociaciones de defensa de medio ambiente, que pasaron de los anteriores 3 vocales a los 2 actuales, frente a los 5 que tienen por ejemplo en el Consejo Asesor de Medio Ambiente estatal, integrado por sólo 15 miembros y en el que el único alto cargo de la Administración es la propia Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que lo preside.

La elección de los dos vocales de las asociaciones de defensa de medio ambiente ha sido además la única tutelada por la propia Junta, lo que contrasta con la asignación directa de vocales “electivos” para organizaciones concretas como las Federaciones de Caza y Pesca o la Federación de Propietarios Forestales.

Además, el nuevo Consejo Regional de Medio Ambiente evitó crear en su seno comisiones sectoriales en materia de espacios naturales, residuos y cambio climático, previstas en la propia normativa de la Junta de Castilla y León, para tratar adecuadamente las especialidades técnicas de estos sectores. De manera que los únicos asuntos ambientales que parece interesan a la Junta son la caza, la pesca y los montes, para los que sí se crearon comisiones sectoriales.

Tras este “revolcón judicial”, Ecologistas en Acción reclama al Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que cree un verdadero órgano de participación social sobre medio ambiente, sin presencia de altos cargos y con una estructura y funcionamiento operativos, que permita asesorar realmente las políticas ambientales de su Gobierno.