El anuncio de la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí en los astilleros gaditanos ha generado un grave conflicto entre el derecho al trabajo en las empresas de construcción naval de la Bahía de Cádiz y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los receptores y víctimas de ese equipamiento bélico.

Según hemos sabido por los medios, el alcalde de Cádiz José Mª González y los desempleados de Astilleros opinan que la única opción es coger el pájaro en mano y generar empleo, aunque solo sea para 5 ó 6 años, desentendiéndonos del uso de ese armamento y de la conculcación manifiesta de los derechos humanos por parte de la petromonarquía saudí. De esta forma actuaríamos como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en el que ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas.

El apoyo mostrado por el alcalde de Cádiz a dicho contrato se traduce en un apoyo a un orden mundial atroz y a profundizar en un modelo de desarrollo ambiental, social y económicamente insostenible, dependiente del sufrimiento de otros seres humanos. Pero además, ese apoyo nos aleja de la posibilidad de generar otras alternativas para la construcción naval de la Bahía.

El PEMAR (Plan Estatal Marco de Residuos) identifica una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen: el reciclado ecológico de buques (deconstrucción naval), evitando achatarramientos infames como el que se va a producir en Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias. Además, formar parte de la cadena de valor de la energía eólica marina, construcción, equipamiento, instalación, mantenimiento, suministro, reparación,… de aerogeneradores en el mar es una oportunidad desaprovechada en Navantia.

La deconstrucción naval y la energía eólica off shore son dos alternativas necesarias para la “carga de trabajo” en los astilleros de la Bahía de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violación de los derechos básicos de las personas. De esta forma, contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población.

¿A qué esperamos?.