El Ecologista nº 73

Rio+20 y la economía verde

Del 20 al 22 de junio de 2012 se celebrará la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Rio de Janeiro (Brasil), más conocida como Rio+20. Esta conferencia se celebra en un momento de profunda crisis global y en medio de un ataque feroz a las condiciones de vida de las personas, esta vez en los países denominados democráticos.

Todo indica que, 20 años después de Rio 92, la situación ambiental no ha hecho más que empeorar. El declive de la energía fósil barata, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad ofrecen un panorama que, en lo ecológico, es enormemente preocupante. Pero en las dimensiones sociales y económicas las cosas no han ido mejor. A partir del estallido de la crisis de las hipotecas hemos visto cómo el intento de regenerar las tasas de ganancia del capital a costa de recortar el gasto público y expoliar lo común que queda, está generando situaciones de grave precariedad vital para una buena parte de la población.

Este es el contexto de Rio+20, cuyo asunto central es el de la economía verde. Debajo de este término ambiguo, las instituciones oficiales, apoyadas por una buena cantidad de empresas multinacionales y sus departamentos de Responsabilidad Social Corporativa, defienden la idea de avanzar hacia una suerte de capitalismo verde. El PNUMA define la economía verde como “aquella que es baja en emisiones de carbono, eficiente en recursos, y socialmente inclusiva”. El capitalismo verde se postula como un sistema en el que los parámetros cualitativos, sociales y ecológicos pueden ser considerados espontáneamente por los numerosos capitales en competencia, desde el interior del propio sistema económico.

Sin embargo las bases que sostienen el modelo de producción capitalista (la producción al servicio del beneficio, la tendencia a la acumulación, la competencia entre capitales y la propia ley del valor capitalista) impiden acometer las transformaciones e inversiones necesarias para rediseñar urgentemente el modelo productivo y energético protegiendo a las personas.

Una verdadera economía ecológica trataría de orientar el modelo energético hacia las renovables, preguntándose a la vez cuánta energía es necesaria y para qué, invirtiendo en ello sin esperar rendimientos económicos crecientes. Trataría de reconvertir el conjunto del sistema de producción-distribución y consumo en virtud de las necesidades de todas las personas, teniendo en cuenta que no se puede presionar a la naturaleza por encima de su capacidad de renovación.

Si en el momento actual los límites biogeofísicos ya han sido superados, la necesidad de hacer decrecer el metabolismo físico en términos absolutos es obvia. Siendo conscientes de que en el planeta hay millones de personas que carecen de recursos básicos, resulta evidente que el mayor peso de la reducción lo deben soportar aquellos sectores de población que sobreconsumen y sobreproducen.

En un planeta con recursos finitos la única posibilidad de justicia es la distribución de la riqueza y el freno a una acumulación inmoral que atenta contra la propia esencia del ser humano. Y no nos encontramos ante un problema tecnológico, ni lo pueden resolver las ecuaciones de la economía capitalista, aunque se tiña de verde. Es un problema político que no pueden resolver aquellos gobiernos que en muchos casos se han convertido en el brazo administrativo-legislativo-represor que opera al dictado de los mercados y sus dueños.

Una verdadera economía verde y justa sólo podrá venir de la mano de sociedades democráticas, en el mejor sentido del término.