El Gobierno español deberá responder ante la justicia por la reiterada vulneración de la legislación de residuos, tal y como ha anunciado hoy la Comisión Europea. Una decisión previsible ante los veintiocho vertederos ilegales que continúan en funcionamiento en el país. Ecologistas en Acción, miembro de la plataforma Retorna, ha denunciado en repetidas ocasiones una situación inaceptable con fortísimo impacto ambiental.

En el informe “Un yacimiento en la basura” se denunció que el vertido de los residuos urbanos sigue siendo la opción mayoritaria como forma de gestión; más de dos tercera partes de los 24 millones de toneladas de basuras que se generan en un año acaban en los vertederos. Además del grave impacto ambiental, esto supone un despilfarro de sustancias valiosas y una vulneración de la legislación europea vigente.

La Directiva europea relativa al vertido de residuos establece un conjunto de normas sobre los vertederos para prevenir sus efectos negativos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire. Casi cinco años después de que expirara el plazo para el cese de sus operaciones, en España siguen en funcionamiento veintiocho vertederos que infringen la normativa, y otros tres siguen pendientes de renovación para cumplir la legislación.

La Comisión Europea acaba de proclamar sus objetivos para 2030: un 70% de reciclado de residuos urbanos y un 80 % de envases, de forma que el vertido de todos los materiales reciclables esté prohibido en el año 2025. Salvo el caso de Cataluña y País Vasco, ninguna comunidad autónoma (las competencias sobre residuos están transferidas) está en condiciones de garantizar estos compromisos.

No hay voluntad de enmendar la situación si se tiene en cuenta la propuesta de Real Decreto sobre traslado de residuos. Se continuará permitiendo el “dumping ambiental”, es decir, el tráfico de residuos dentro del territorio nacional en pos de tratamiento más barato y con peores resultados: el vertedero, La jerarquía en la gestión de residuos (prevención, reutilización, reciclado, valorización energética, vertido) debiera ser no solo un principio inspirador, sino un criterio para no autorizar traslado de residuos cuando éste suponga un menor rigor en su tratamiento.

Si no se actúa rigurosamente para la vigilancia, inspección, control y sanción de prácticas ilegales, de competencia desleal y ambientalmente onerosas, y sin un cambio en los sistemas de gestión de las basuras, las sanciones seguirán llegando de Europa.

Ecologistas en Acción reclama el urgente cumplimiento de la legislación y la revisión del PNIR (Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015) para salir del furgón de cola en cuanto a gestión y tratamiento de los residuos en Europa. El medio ambiente y la economía lo reclaman.